La regulación del proceso de ejecución hipotecaria está siendo cuestionada desde hace ya varios años, por revelarse ineficaz e incompleta de cara a solventar el grave problema que la crisis económica ha originado en relación con el impago de los créditos hipotecarios, contratados en garantía de la adquisición de la vivienda habitual durante la etapa de mayor auge de la llamada burbuja inmobiliaria. Ineficaz porque, al no propiciar claramente la dación en pago (sino más bien lo contrario), hace que los ejecutados, tras perder la propiedad del inmueble y ser desahuciados del mismo, aún mantengan con la entidad bancaria una deuda dineraria en muchos casos considerable. Incompleta porque no facilita el ejercicio del derecho de defensa del ejecutado, al estar estrictamente tasadas las defensas de éste. Por esta razón, en los últimos tiempos hemos asistido a la aparición de medidas judiciales que intentan solventar dicho problema (por ejemplo, el reciente y exitoso cuestionamiento de aquella regulación legislativa con la legislación comunitaria) y también de tímidas medidas legislativas (por ejemplo, las contempladas en el RDLey 6/2012, de 9 de marzo), que han culminado con la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Al examen de dichos antecedentes y, sobre todo, al análisis del contenido y las consecuencias que derivan de esta última norma legal, va dedicada la presente obra.