La Corte no puede identificarse con un elemento concreto de la organización política de las Monarquías europeas anteriores al siglo XIX, sino que constituye un paradigma político. Es decir, fue el marco institucional y político en el que se desarrollaron los acontecimientos, y podría afirmarse que los sucesos que no se dieron en la Corte o repercutieron sobre ella no existieron políticamente hablando. Esto es, la Corte se constituyó (utilizando la terminología aristotélica) en la “forma” política del reino. La Monarquía hispana fue una gran organización política articulada por cortes. Tal estructura de organización conllevaba la existencia en cada reino de una “corte” y de una o varias “casas reales”, lo que en apariencia constituye una contradicción, pues una sola era la persona del monarca. De ahí que, siendo una única organización política, sus reyes dispusieron de numerosas casas reales, completamente formadas y en plenitud de funcionamiento, donde se integraban y prestaban servicio las elites de los diferentes reinos. Uno de ellos era el de Castilla, cuyos monarcas, al igual que en el resto de Europa, habían articulado desde la Baja Edad Media, en el marco de la Corte y de la Casa real, una dilatada serie de departamentos y servicios, concebidos y desarrollados para satisfacer sus necesidades. Los historiadores que han estudiado la Casa de Castilla, sus orígenes y los oficios que la componían, han mostrado cómo adquirió entidad con departamentos y secciones, sobre todo a partir de la dinastía Trastámara. Pero ningún monarca ordenó –que sepamos– la redacción de unas ordenanzas que fijasen sus secciones y definiesen el cometido de sus oficios, y mientras Castilla perduró como reino independiente, semejante “descuido” no tuvo consecuencias. El problema se planteó cuando una dinastía nueva, los Habsburgo, con casa propia y más perfeccionada que la castellana, heredó los reinos y territorios articulados en torno a la corona de Castilla.