La entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, provocó un cambio radical en la tramitación de los procedimientos concursales en España, unificando las antiguas suspensiones de pagos y quiebras en un solo procedimiento y, a la vez, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial con la creación de los Juzgados Mercantiles, especializados en la tramitación de los procedimientos concursales. La aplicación práctica del régimen de los recursos en el seno del procedimiento concursal, regulado en el artículo 197 LC, está provocando no pocos problemas interpretativos, provenientes, en gran medida, por la forma en que el legislador ha decidido que se conecten el sistema de recursos regulado por la Ley Concursal y el previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la determinación de cuál debe de prevalecer en determinados supuestos en que se produzca un choque frontal entre ambos ordenamientos. Se pretende, mediante una exposición ordenada de los problemas prácticos detectados, proponer una solución a los mismos con arreglo a los criterios jurisprudenciales y doctrinales que hasta la fecha hemos tenido conocimiento, realizando un estudio concreto de cada uno de los recursos aplicables, con especial mención al concepto de la apelación diferida.