El régimen jurídico de los empleados públicos (antes y después del Estatuto Básico del Empleado Público), se integra por un conjunto abigarrado de normas legales reglamentarias, fruto de la diferente naturaleza de los numerosos títulos competenciales que operan sobre la función pública de los que son titulares del Estado y las Comunidades Autónomas, que otorgan a esta materia un alto grado de complejidad. El Estatuto Básico del Empleado contiene novedades notables, entre las que se puede destacar la evaluación del desempleo y el tratamiento de la negociación coletiva que culmina un poseso iniciado en 1987. La mas significativa, sin duda, es la de no haber afrontado ni la unificación ni la previsión futura de unificación de los regimenes jurídicos de los empleados públicos funcionarios y laborales consagrando una concepción dual de la función publica que, a buen seguro, traerá consecuencias desfavorables para el funcionamiento de las administraciones públicas a medio y largo plazo