La inseguridad jurídica ante la que se encuentran los inversores frente a las sociedades emisoras de acciones se refiere a aspectos tan cruciales como el déficit de información o el alcance de su responsabilidad. Problemas de enorme gravedad, dada la demostrada ineficacia de los mecanismos de protección de los inversores no especializados, no sólo a la hora de exigir responsabilidad a las sociedades emisoras, sino también por la tardía respuesta de los órganos supervisores para hacer frente a las enormes pérdidas provocadas por actuaciones ilícitas y de falta de ética empresarial por parte de quienes gobiernan las sociedades cotizadas. Problemas que se expanden a todos los sectores de nuestra Economía globalizada, y cuya solución ha de encontrarse en los mecanismos tradicionales de tutela contractual