Según las estadísticas oficiales, los delitos de tráfico (de riesgo y de resultado) representan anualmente y desde hace muchas décadas en torno al 30% del volumen total de la criminalidad en nuestro país. Desde siempre este tipo de delitos han venido planteando numerosos interrogantes que han recibido encontradas respuestas en la doctrina y en la jurisprudencia, provocando con ello una desigual aplicación de la Ley penal.Tradicionalmente esta situación se veía agravada por la dificultad de acceso de estos delitos a la función unificadora de doctrina que el Tribunal Supremo cumple a través del recurso de casación. Con la reforma de la LECrim por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, este inconveniente ha sido en gran parte resuelto, al permitirse ahora que el Alto Tribunal pueda pronunciarse sobre numerosas cuestiones que resultan esenciales para la aplicación de los delitos relacionados con el tráfico de vehículos. El último ejemplo ha sido la reciente STS 421/2020, de 22 de julio, sobre imprudencia.La presente monografía tiene por objeto analizar todas las resoluciones que hasta la fecha han sido dictadas por la Sala II del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina en el ámbito de los delitos de tráfico, así como otras cuestiones controvertidas pendientes todavía de unificación, incluyendo algunas sobre las que no se ha dictado aun pronunciamiento judicial por lo reciente de la última reforma del Código Penal en materia de imprudencia y del nuevo delito de abandono del lugar del accidente (LO 2/2019, de 1 de marzo) pero que, sin duda, resultarán polémicas.