Existe un consenso universal en prohibir el control judicial sobre el fondo del laudo, excepto en lo relativo al orden público. En la presente obra se analiza detalladamente dicha prohibición y se estudia la viabilidad jurídica y la conveniencia de instaurar una segunda instancia arbitral o incluso, lege ferenda, una segunda instancia judicial de carácter facultativo. Posteriormente se examinan las dos causas que permiten la anulación del laudo por motivos relativos al fondo: la falta de arbitrabilidad y la vulneración del orden público. Este último aspecto es objeto de una especial atención, tanto desde el punto de vista jurisprudencial como desde la perspectiva de ofrecer pautas para clarificar tan compleja noción. También es objeto de atención la distinción entre la falta de arbitrabilidad y el carácter indisponible o imperativo de las normas aplicables al fondo, aspecto en el que la jurisprudencia incurre a veces en contradicciones. En la obra también se analiza hasta qué punto cabe un control judicial en lo relativo a la motivación del laudo, a la falta de aplicación de las presunciones legales, a la infracción de normas relativas a la valoración legal de los documentos públicos y a la violación de derechos fundamentales en la obtención y práctica de la prueba. Finalmente se analiza la aplicabilidad en el arbitraje de las normas legales relativas a la distribución de la carga de la prueba y los términos de la congruencia arbitral en cuanto a la fundamentación jurídica del laudo.