La vivienda se constituye como uno de los grandes problemas españoles, pero esta vez como un derecho definido como tal en el artículo 47 de la Constitución Española, que no solo aparece como inalcanzable sino como algo que se arrebata a aquellos que más sufren las consecuencias de una crisis económica que el propio sistema de producción de viviendas ha desencadenado. Junto a su valor patrimonial, la vivienda es un objeto de identidad familiar y personal de los individuos, un espacio que al definirlo supone un calificativo de la persona que lo ocupa, y que afecta notablemente a su desarrollo personal y social. Eso es algo que va más allá de su función de cobijo, siendo la base para una integración social en el medio en el que se habita. Por ello, y frente a un cambio sustancial del sistema de provisión de viviendas que ha dejado detrás de sí la crisis, se hace necesario revisar a fondo las políticas de vivienda social que puedan solucionar algunos de los graves problemas que hoy en día padecen muchas personas.