Cualquier trabajador o sindicato al que se le vulnere su derecho a la libertad sindical o a los demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio, siempre que el conocimiento de dichas materias esté atribuido a la competencia del orden jurisdiccional social, podrá acudir para la defensa de los mismos a la modalidad procesal regulada en el Capítulo XI del Título II del Libro II del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Los rasgos más sobresalientes de la modalidad de la tutela de los derechos a la libertad sindical son articularse sobre los principios de preferencia y sumariedad (en aplicación del art. 53 CE) y que los demandantes podrán solicitar la suspensión del acto cuestionado en tanto que se tramita el proceso y/o una indemnización para reparar las consecuencias dañosas derivadas del mismo.