La aparición de nuevas demandas sociales o políticas que no forman parte de la misión o de las competencias de una sola parte de la estructura orgánica sectorial de la administración y la necesidad de disponer de una visión industrial e integrada de actuaciones dirigidas a segmentos de población considerados prioritarios, llevan necesariamente a una transformación en el funcionamiento de la administración con vistas a aumentar la productividad en la creación de bien común de valor público.