La revolución del desarrollo obliga a profundas innovaciones en la gestión pública, donde los riesgos se prevengan, las demandas sociales se anticipen, las urgencias se prioricen, las necesidades se satisfagan, las oportunidades se aprovechen, las obras se concluyan, los presupuestos se inviertan, los procedimientos se cumplan, las cuentas se rindan y las instituciones se respeten. La agenda pública del presente, demandada por la soberanía popular, exige garantía en seguridad, comunicación en educación, sustentabilidad en ambiente, certeza en economía, competitividad en infraestructura, suficiencia en energía, acceso en vivienda, eficiencia en salud, gerenciamiento en lo local, equilibrio en lo regional, integración en lo internacional y calidad en lo institucional.