La obra se articula sobre dos ideas fuerza: la necesidad de que el sistema penal y las garantías constitucionales se encuentren en una relación dinámica pero no conflictiva, y el entendimiento de que el sistema de la teoría del delito y el sistema de enjuiciamiento son manifestaciones de una misma política criminal que debe encontrar un adecuado equilibrio entre la demanda social de eficiencia y la demanda ética e institucional de respeto a las libertades.