Desde la formación del Estado Español en las postrimerías del siglo XV, en ausencia de otros elementos unificadores como el idioma o la etnia, la religión católica se convirtió en el aglutinante de la nacionalidad española, y la Iglesia Católica en la principal fuente legitimadora del Poder Real. Esta situación se acrecentará durante el periodo Imperial y el concepto de Monarquía Universal Católica defendido por los Habsburgo, en íntima conjunción con los intereses del Papado. El advenimiento del Estado Constitucional mediante los textos del Estatuto de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812, no cambiarán este aspecto; a diferencia de las constituciones norteamericana (1787) y francesa (1791), que proclaman la separación de la Iglesia y el Estado, así como el concepto de Estado Laico, nuestros primeros textos constitucionales declararán la confesionalidad católica y excluyente del Estado, de tal forma, que se prohíba el ejercicio público o privado de cualquier religión que no sea la católica, apostólica y romana. El resto de nuestra historia constitucional hasta el presente ha estado siempre marcada, en ocasiones de forma trágica, por los intentos de una España Liberal partidaria de la plena separación del Estado y la Iglesia, en suma por la conformación de un Estado Laico, y por la existencia de otra España, que no entiende la existencia de la misma, sin la plena identificación de la entidad española con el espíritu religioso católico.