El derecho de acceso a la documentación pública se ha convertido, en una época como la actual ?en la que la intervención administrativa ha llegado a prácticamente todos los espacios ciudadanos?, en un elemento esencial de los Estados democráticos, pues solo a través de su efectivo reconocimiento se puede conocer y, lo que es más importante, controlar la actuación de los representantes públicos y de las administraciones públicas que dirigen. Aunque la Constitución Española de 1978 ya reconoció este derecho, convirtiendo a nuestro país en pionero en esta cuestión, lamentablemente su regulación efectiva ha sido tardía, escasa e insatisfactoria, lo que ha hecho del ejercicio del derecho una verdadera carrera de obstáculos, con unos límites y requisitos mucho más extensos que los previstos inicialmente en la Constitución y que acaban por imposibilitar el acceso a la mayoría de documentos recogidos en los archivos administrativos.