Desde que se publicó el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en vigor desde el 1 de septiembre de 2010, se han producido dos importantes modificaciones de la citada ley: la Ley 25/2011, de 1 de agosto y el reciente Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de Sociedades de Capital. Obviamente, dichas reformas legislativas inciden de forma directa en la regulación de las obligaciones y responsabilidades de los administradores de sociedades de capital, de las que trata la presente obra. Del mismo modo, la grave situación económica que está padeciendo nuestro país, ha propiciado la proliferación de los concursos de acreedores presentados por las empresas ante los Juzgados de lo Mercantil. Dicha situación ha obligado al legislador a modificar la Ley Concursal a través de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma Concursal, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2012 y que altera también regulación de la responsabilidad de los administradores de empresas concursadas.