En este estudio, los catedráticos realizan un análisis pormenorizado de los argumentos constitucionales sobre los que fundamentan las actuaciones y derechos que se atribuyen los estatutos de autonomía en materia de agua. En concreto, concluyen que el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha excede la función constitucionalmente atribuida a los estatutos y menoscaba las competencias que corresponden al Estado en materia de agua, todo ello, según se indica en el texto, en detrimento de los intereses formalmente ya atribuidos por el Estado a la Comunidad de Murcia como beneficiaria de las transferencias de agua procedentes de la cuenca del Tajo. Unas atribuciones y legislación respecto del Trasvase Tajo-Segura, explican los autores, que deben ser sólo y exclusivamente modificadas por el Estado, no por los estatutos de autonomía.