Las Leyes Orgánicas 11/2003 de 29 de septiembre y 15/2003 de 25 de noviembre, de reciente entrada en vigor en nuestro Derecho positivo, han introducido importantes cambios en la denominada técnica de la Determinación de la pena, materia que todo penalista debe manejar con soltura y a la que la jurisprudencia deberá seguir prestando una especial atención, ahora por exigencia del nuevo artículo 72 del Código Penal.