La aparición de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, supone un decisivo y esperado paso adelante en la organización y regulación del sistema penal español. Con ella se cierra un largo período de provisionalidad e incertidumbre y se completa la labor reformadora postconstitucional que tuvo como momento culminante la promulgación del Código penal de 1995. El debate que ha suscitado ya desde el primer momento algunos de los contenidos de la Ley refleja la trascendencia social de la materia regulada.