El recurso de casación es un recurso extraordinario cuya finalidad principal, aunque no única, es la unificación interpretativa de las normas jurídicas ordinarias, contribuyendo así a la fijeza del ordenamiento con vistas a la seguridad jurídica. La casación penal no está sólo al servicio de la necesaria unificación en la aplicación del derecho, sino que, al desenvolver esta función, protege también al justiciable, que contará con la garantía del derecho al recurso, es decir, con la posibilidad de someter el fallo, con el que no está conforme, a un Tribunal Superior como establece el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, que forma parte de nuestro ordenamiento.