La distribución comercial es uno de los sectores en expansión, según se acredita en diversos informes económicos y es uno de los que menos se ha visto afectado por la crisis económica. Su materialización en el mercado se realiza comúnmente a través de contratos con empresarios especializados que asumen los riesgos específicos de la distribución, según una estrategia empresarial en la que el productor o prestador de servicios externaliza sus riesgos. No obstante, el productor o prestador de servicios no pierde el control de esa fase de colocación del producto o servicio en el mercado, mediante la redacción de contratos en los que impone unas condiciones muy estrictas para su comercialización a los distribuidores. Desde un punto de vista normativo, el Derecho comunitario ha previsto Reglamentos de aplicación directa en los países miembros que afectan a sectores concretos de la distribución (vehículos) de donde se desprende la importancia de dar seguridad a las transacciones comunitarias y evitar los efectos restrictivos de la competencia que dichos contratos puede generar. En España tanto el proyecto de Ley de contratos de distribución como el Proyecto de Código Mercantil han abordado su regulación, aunque por el momento ninguna de estas normas se ha convertido en Derecho positivo, lo que evidencia la necesidad d...