Estudio de la nueva doctrina del tribunal supremo que permite exigir al estado la responsabilidad patrimonial por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes con carácter retroactivo, aún a pesar de la existencia de una situación de cosa juzgada, consentida o firme, desvirtuando la doctrina del tribunal constitucional. Así, todavía se pueden establecer reclamaciones derivadas de la DA 4ª de la ley de tasas y de la ley del parlamente de las Islas Baleares 12/1991, entre otras, declaradas inconstitucionales por STC de 19 de julio de 2000 y STC de 30 de Noviembre de 2000, respectivamente.