El recurso a la participación ciudadana para legitimar democráticamente las normas europeas ha de situarse en el contexto de una política regulatoria que aboga por racionalizar la elaboración de actos legislativos, considerando que no se trata de legislar más, sino mejor. Precisamente, la participación de los ciudadanos en los procesos de producción normativa es uno de los elementos que caracterizan esta regulación de segunda generación, dirigida a la producción de normas cuya aprobación ha sido planificada de antemano, que pretenden ser efectivas y eficaces al incidir sobre cuestiones que realmente necesitan de una regulación europea, que tratan de anticipar sus efectos sobre el sector sobre el que se proyectan, y que están sometidas a un continuo proceso de evaluación durante su vigencia para detectar aquellos contendidos que pueden ser mejorados o que han devenido obsoletos o excesivamente gravosos. El resultado es la llamada legislación inteligente, que hace uso de los mecanismos de la democracia participativa y los remodela y adapta a sus necesidades y objetivos, integrándolos en los procedimientos de elaboración de normas. En este trabajo se analizan los citados mecanismos, se valora su eficacia práctica y su repercusión en el ordenamiento jurídico, poniendo de manifiesto los problemas y carencias que impiden y dificultan su completa efectividad o los distraen del objetivo principal para el que fueron concebidos, al tiempo que se realizan propuestas dirigidas a reformular su tratamiento jurídico para adecuarlos a su finalidad primigenia.