En los últimos años la repercusión social de ciertas prácticas empresariales abusivas en los países menos desarrollados ha conducido a las empresas a adoptar compromisos voluntarios de respeto a las normas básicas en materia de derechos humanos o protección del medio ambiente. Junto a ello, y más en un contexto de crisis como el actual, estos códigos persiguen garantizar un comportamiento ético y transparente de sus empleados, con el fin fundamental de obtener la confianza del cliente. Estos códigos vienen a formar una especie de ordenamiento jurídico propio, autosuficiente, que trata de remodelar a su modo el ordenamiento de las relaciones de trabajo. Con el objetivo de impulsar una serie de valores éticos y de integrarlos en la vida diaria de los empleados para preservar la confianza de los accionistas, las empresas acaban dando vida a un conjunto de reglas particulares de conducta profesional, articuladas en torno a sus propios valores corporativos. Estos códigos constituyen en la práctica la verdadera norma por la que se rigen los trabajadores, por encima de cualquier otro cuerpo legal, conformando realmente el modo de actuar de los empleados, con su propia lógica y rigor y con una influencia a veces superior a la de cualquier otra norma legal.