El Gobierno socialista aprobó el pasado 29 de enero de 2010 un proyecto de reforma del sistema de pensiones, remitido a a las instituciones europeas y a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para su debate. Tras sus conclusiones, previstas para finales de este año 2010, y las conversaciones con los agentes sociales, el Gobierno aprobará el día 28 de enero de 2011 un proyecto de ley para, con las enmiendas mayoritarias aceptadas en el trámite parlamentario durante los próximos meses, someterlo a aprobación como ley por el Congreso de Diputados y el Senado. Las medidas más relevantes del plan gubernamental, confirmadas como ejes de su reforma, son dos: alargar la edad legal y obligatoria de jubilación -desde los 65 hasta los 67 años-; ampliar el tiempo de cómputo para el cálculo de la pensión - de 15 a 25 años-o Según investigaciones expuestas en este libro, la primera medida supone, además de la penosidad para la mayoría de trabajadores por ese alargamiento, un recorte entre el 10% y el 16% del importe total a percibir por los nuevos pensionistas; y la segunda, una reducción media en torno a un 5%, con variaciones según los segmentos, pudiendo alcanzar al 7% para la mayoría (70%) de asalariados, que llegaría al 5% en el caso de una ampliación solo hasta 20 años. De llevarse a cabo ese plan, el total del recorte medio es sustancial-entre el 15% y el 21%-, aunque su impacto sería gradual y acumulativo, hasta su aplicación completa en el año 2024