Los litigios para la reclamación de los derechos, gastos y suplidos por el procurador y de los llamados «honorarios» por el abogado son una realidad cada vez más habitual. No en vano se ha disciplinado tradicionalmente en la ley procesal una vía con pretendidas ventajas específicas para el acreedor. En la actualidad, los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regulan este procedimiento de aplicación en todos los órdenes jurisdiccionales. Con independencia de la necesidad o no de integración de la postulación, y sin perjuicio de la eventual condena en costas que haya favorecido al «poderdante» o defendido, lo bien cierto es que habiéndose generado el crédito a favor del profesional fruto de su intervención en el contexto de un proceso, el procurador y abogado podrán instar el procedimiento para la reclamación del crédito cuando se haya producido el impago.