La ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas introduce, como novedad importante, la obligación de inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de titularidad pública, sin distinción en cuanto a la demanialidad o patrimonialidad de los mismos, así como los actos y contratos referidos a ellos. En esta obra se estudia el régimen registral de los bienes públicos a partir de la citada ley, analizando, por un lado, las cuestiones que se plantean en torno al significado, finalidad y alcance de la obligatoriedad de la inscripción, y por otro, cada uno de los títulos que tienen acceso al registro de la propiedad, todo ello teniendo en cuenta lo establecido en la legislación hipotecaria y en las distintas disposiciones especiales que regulan el régimen jurídico de determinados bienes públicos.