La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una política configurada en un conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidos a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores, desarrolladas mediante la coordinación, cooperación y asistencia de las distintas Administraciones públicas competentes en materia preventiva. Estas realizan sus actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales a través de distintos organismos creados a tal efecto. Así, en el ámbito de la Administración laboral, el Instituto Nacional de la Seguridad social e Higiene en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Administración sanitaria y la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Mientras que en él ámbito de las Comunidades Autónomas a las que se han transferido las competencias en esta materia, se ha procedido a la articulación de sus propios órganos administrativos. El objeto de este estudios es el análisis de la naturaleza y funcionamiento de estos nuevos organismos creados al amparo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.