Después de casi todo un siglo de entrecruzarse de concepciones sobre el proceso civil, en el que lo más destacado ha sido el intento de desvirtuación de la realidad de que por medio de él se pretende la tutela judicial efectiva de derechos e intereses de naturaleza privada, para intentar convertirlo en un instrumento del Estado, por medio del juez, para atender a la mejor protección de los intereses públicos, con lo que evidenciaba que se trataba de someter lo privado a lo público, lo que era claramente revelador de una ideología autoritaria, para lo cual se ha pretendido utilizar a la oralidad, se está acabando de atender a los principios del procedimiento (forma) y, sobre todo, que el proceso civil tiene que seguir siendo el instrumento para la mejor protección de los derechos de naturaleza privada.