El litoral español ha venido sufriendo desde mediados del siglo que ahora acaba una fuerte presión urbanística, al ser el espacio idóneo para la realización de muy diversas actividades. Ante dicha situación, la Ley de Costas de 1998 se dirige en la situación, la preservación de valores naturales y la garantía de que su uso será libre, público y gratuito. Con este fin incide en los terrenos de propiedad privada colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, imponiendo toda una serie de limitaciones y servidumbres sobre los usos de que son susceptibles. Se plantean al respecto diversas cuestiones, como la de su posible indemnizabilidad, la competencia para imponerla o la demanialización de alguno de ellos, entre otras, a las que se intenta dar respuesta en ese libro.