La reforma del delito de usurpación en el nuevo Código penal ha desencadenado un intenso debate político y jurídico entorno a la criminalización de la ocupación pacífica de bienes inmuebles deshabitados. Este trabajo pretende participar en la discusión abordando el análisis exhaustivo de estos delitos desde una interpretación de los tipos penales orientada a sus consecuencias constitucionales y político-criminales. Las características del llamado movimiento okupa ; la regulación que el Derecho civil hace de la posesión sin justo título y de mala fe ; los principios político-criminales derivados de un Estado social, democrático y de derecho ; el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda y de la función social como límite a la propiedad privada, son todos ellos temas tratados por el autor que influirán decisivamente en las conclusiones del trabajo.