Esta obra era necesaria por la escasez de obras monográficas sobre los Reglamentos de coordinación y también por el, cada vez mayor, protagonismo que el Derecho Social Europeo tiene en la práctica judicial española motivado, entre otras causas, por el elevado número de ciudadanos que desarrollaron en el paso o desarrollan en el presente su actividad laboral en los territorios en los que resulta de aplicación el Derecho de la Unión Europea