El 31 de diciembre de 2019 China informó de un extraño brote de neumonía a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que rápidamente envío a un equipo de investigadores a Wuhan y alertó a la comunidad internacional acerca de la gravedad, presente y futura, de la situación. Sin embargo, desde un inicio el Gobierno español ignoró la magnitud de la amenaza y no adoptó las medidas necesarias. De hecho, no hizo caso a ninguna de las recomendaciones que durante los meses de enero, febrero y marzo publicó la OMS, tales como el acopio urgente de material sanitario, la importancia de realizar test, la necesidad de rastrear y aislar los casos positivos o la prohibición de celebrar actos multitudinarios.  A fines de enero, Fernando Simón, coordinador de Emergencias de Sanidad, afirmaba que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. A mediados de febrero, el ministro Salvador Illa aseguraba hoy no hay ninguna razón para tomar ninguna medida de salud pública adicional a las que ya estamos tomando, mientras preparaba un protocolo para cadáveres de la COVID-19. A pesar de disponer de datos que demostraban que el virus corría a sus anchas por España, y para no verse obligado a cancelar las manifestaciones del 8 de marzo, el Gobierno permitió que ese fin de semana se celebraran ...