El actual estadio de desarrollo del Estado de Derecho exige celeridad en la función jurisdiccional y requiere también cada vez más que el juez legitime constitucionalmente el ejercicio de su función mediante la concreta motivación de sus decisiones. Dicha manifestación puede ser fruto de una reacción social a un poder que históricamente se ha mantenido alejado de las presiones sociales que suelen recaer sobre los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En el caso de los jueces y magistrados, la presión social en cuanto a la legitimación del ejercicio jurisdiccional tiende a incrementarse por el hecho de que no están sometidos al sistema electoral representativo. Los dictámenes periciales suelen utilizar diversas piezas del rompecabezas procesal o bien ocultar aquellas que puedan ser desfavorables a los intereses de una de las partes; al juez compete la ardua tarea de identificar las piezas correspondientes de acuerdo con las reglas del juego, apuntando incluso las piezas eventualmente omitidas o añadidas por una o ambas las partes. Para ello, el juez necesita analizar individualmente cada dictamen pericial de manera pormenorizada para poder concluir en el sentido de su admisión o rechazo.