La protección procesal privilegiada de que son acreedores, por mandato constitucional, los derechos fundamentales y las libertades públicas se trata de satisfacer, en el ámbito del Derecho del Trabajo, por la modalidad procesal especial de la que tratan los artículos 175 y sigs. de la Ley de Procedimiento Laboral, que forman parte del capítulo titulado de la tutela de los derechos de libertad sindical. A pesar de su importancia y del creciente número de demandas tramitadas a través de ella, tal modalidad procesal es objeto de una regulación que no contempla todas las cuestiones que plantea su empleo. Su propia denominación no es demasiado afortunada, pues se está ante una vía procesal que extiende su ámbito objetivo a las pretensiones de reparación de lesiones de otros derechos fundamentales cuyo conocimiento figura también atribuido a la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social. Aunque muchas de las deficiencias de aquella regulación y de las dificultades de su interpretación se han ido superando a través de los criterios que aparecen incorporados a las decisiones judiciales que la aplican, las reformas experimentadas por el proceso laboral crean nuevos problemas de los que también da cuenta la presente monografía.