La protección de los funcionarios por parte del Estado a través de mecanismos públicos –montepíos y mutualidades- es anterior en el tiempo a la de los trabajadores asalariados, y el primer colectivo que disfrutó de esa clase de medidas fue el personal militar, ante las consecuencias de la participación en acciones bélicas. La presente monografía tiene por objeto analizar el contexto actual de la protección social de los militares en activo, y, en particular, la tutela que proporciona el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), entidad gestora del denominado Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Las peculiaridades propias de las mutualidades de funcionarios se intensifican por la especificidad del ámbito militar, lo que da lugar a un mecanismo de protección con idiosincrasia propia, que tiene rasgos que lo diferencian, no sólo del Régimen General o de los regímenes especiales clásicos, sino también de fórmulas mucho más próximas, como el mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). El papel de la Sanidad Militar, inmersa en un profundo proceso de adaptación, es el rasgo distintivo más visible, pero ciertamente no el único.