El desarrollo del transporte aéreo ha estado unido a lo largo de la historia a la investigación profunda y rigurosa de los accidentes o incidentes aéreos graves. Esta investigación, realizada desde una perspectiva técnica y conforme al Anexo 13 del Convenio de Chicago, no siempre ha contemplado de manera eficaz su conexión o coordinación con la Administración de Justicia, en especial con un eventual proceso penal. En los últimos años se ha producido un incremento de la criminalización de estos sucesos, a pesar de la extraordinaria seguridad alcanzada por este sistema de transporte, en gran medida gracias a estos mecanismos de investigación técnicos de accidentes. Ello ha dado lugar a una creciente discusión acerca de cómo deben ser las relaciones entre dos instrumentos de la sociedad, que si bien persiguen directa o indirectamente el mismo fin, evitar la reiteración de futuros accidentes, son incompatibles en sus principios y métodos. Dicha coordinación presenta retos y complejidades de gran trascendencia para la seguridad aérea y para las actuaciones de los profesionales y empresas del sector. El presente trabajo los afronta analizando la normativa y los protocolos de cooperación alcanzados en otros países. Ya en España, se proponen actuaciones concretas para la coordinación de ambas investigaciones. Se analiza...