Las perentorias necesidades financieras de la Guerra de Sucesión obligaron a la monarquía a una movilización de recursos extraordinarios que pudiera compensar tanto la disminución de los ingresos de las rentas ordinarias como los gastos de formación de un numeroso ejército. Durante los años que transcurren entre 1704 y 1711 uno de esos recursos fue la puesta en marcha de una operación de grandes proporciones de venta de cargos y honores, desconocida hasta ahora en la historiografía española.