La LGT hunde sus raíces en un sistema jurídico de régimen administrativo continental cuya principal virtualidad consiste en la amplia atribución de potestades y privilegios a la Administración tributaria que no sólo decide lo que corresponde en Derecho, sino que no necesita impetrar el auxilio judicial para ejecutar aquello que previamente ha decido. La presunción de legalidad de la actuación administrativa y el privilegio de autotutela declarativa y ejecutiva hacen de todo punto imprescindible un sistema de revisión de la actuación administrativa que, en unos casos, corre a cargo de los contribuyentes y en otros de la propia Administración y que se concreta básicamente en una triple posibilidad: - Los procedimientos especiales de revisión. - El recusro de reposición. - Las reclamaciones económicas-administrativas.