Los delitos contra la integridad moral constituyen una de las más importantes novedades que introduce la Parte especial del código penal de 1995. Bajo esta rúbrica se han agrupado el delito de tortura, que se configura como un delito autónomo y ha ampliado su ámbito de aplicación, y dos nuevos tipos penales que regulan los tratos degradantes cometidos por particulares o por funcionarios públicos. La idea que permite agrupar estas conductas delictivas y que fundamenta su punición es el atentado contra un bien jurídico que deriva directamente del derecho constitucional a la integridad moral y la prohibición de la tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes. Con la inclusión de este Título se quiere llenar el vacío de protección frente a las agresiones que, sin suponer un delito de lesiones o malos tratos, impliquen crueldad, brutalidad y provocación de sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.