La presente Serie Administrativa analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos, facilitando, además, el material necesario para el ejercicio profesional: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquemas del procedimiento y formularios habituales. Como cualquier acción, el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas está sometido a requisitos formales y de orden temporal, requisitos cuyo estudio es trascendental cuando de su observancia depende el éxito o no de nuestras pretensiones. El plazo de un año al que alude la Ley 30/1992 es de importancia vital ya que, al igual que las lesiones irrogadas por la actividad administrativa pueden tener diferente origen, consecuencias y duración en el tiempo, el dies a quo, el momento inicial para computar este plazo puede padecer diversas vicisitudes. Tengamos en cuenta que, al tratarse de un plazo de prescripción, es susceptible de interrupción. A esto se añade la dificultad propia de computar este plazo cuando los daños tienen un carácter permanente o duradero, o cuando se han causado daños de carácter físico o psíquico y no es posible determinar los perjuicios, sino desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. El segundo objeto de estudio en la presente obra es la determinación de la cuantía indemnizatoria, su actualización con la aplicación del IPC, y el devengo de los intereses de demora previstos en la legislación presupuestaria. Analizaremos los distintos conceptos que integran el quantum indemnizatorio, la valoración de los daños materiales y los morales (praetium doloris), el lucro cesante, las fórmulas alternativas de indemnización como el pago en especie, y la compensación y modulación de la cuantía indemnizatoria en diferentes supuestos, todo ello a la luz de la más reciente y significativa jurisprudencia.