Los delitos socioeconómicos, principalmente contra el medio ambiente, laborales, tributarios y societarios, etc., así como los vinculados a la criminalidad organizada y a la corrupción política, están siendo actualmente perpetrados desde la empresa y otras asociaciones. Su tratamiento jurídico penal obliga a la búsqueda de soluciones teóricas que, sin desbordar las garantías fundamentales, constituyan herramientas idóneas para una eficaz prevención de los mismos. Por otro lado, la teoría del delito, diseñada a partir de paradigmas sustentados en la conducta humana, no puede ser apta para resolver los delitos cometidos en organizaciones complejas. Se propone, por tanto, al reelaboración de categorías especialmente diseñadas para imputar responsabilidad penal y administrativa a las personas jurídicas. Esta discusión cobra más vida, cuando los esfuerzos de integración de la UE recomiendan y una armonización de las legislaciones penales, para lograr una política criminal común. Esta segunda edición profundiza la línea de la construcción del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporando las últimas novedades al respecto, tanto los estudios doctrinales, como la jurisprudencia reciente, en especial la referente a la ilegalización de partidos políticos. En el ámbito del Derecho Comparado se estudia la nueva Ley italiana de 2001 y se sistematizan los instrumentos europeos que prevén este tipo de responsabilidad