Los principios en los que se asienta la protección jurídica del adulto han experimentado una transformación sustancial en los últimos lustros. El respeto a la dignidad del adulto y a su capacidad residual han penetrando en las legislaciones de los distintos Estados. Esto se plasma en la aparición de un rico abanico de instituciones y medidas de protección, en el ámbito comparado, que rompe con la rígida solución tradicional de la incapacitación y la tutela. Garantizar la eficacia y el buen funcionamiento de estos mecanismos tan heterogéneos, lejos de las fronteras del Estado en el que se constituyen, supone un gran reto para el Derecho internacional privado.