VV.AA.La ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, tuvo su origen en la obligación de trasladar al ordenamiento juridico español las reglas comunitarias sobre contratación realizada con fondos públicos, fundamentalmente representadas por la directiva del parlamento europeo y del consejo 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.