Se trata, sin duda, de una figura preeminente en el desarrollo de los recursos preventivos de las empresas, especialmente en las de menor dimensión, donde el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral encuentra obstáculos mayores por razones económicas y sociológicas relacionadas con la cultura preventiva. La contribución de este Delegado en la consecución de los objetivos marcados por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es decisiva, pues cumple una función capital en la reducción de la siniestralidad laboral y en la mejora de las condiciones de trabajo, al tiempo que facilita el enraizamiento y la consolidación de los valores preventivos. A pesar de su importancia, nuestra regulación sobre el Delegado de Prevención -tanto legal como reglamentaria- es muy parca y dispersa; por ese motivo, la autora ha indagado en un variado conjunto de fuentes [disposiciones estatales, normas convencionales, los escasos pero muy relevantes preceptos contenidos en normas internacionales (principalmente Convenios de la OIT) y comunitarias así como en las limitadas resoluciones sobre esta materia, extrayendo los criterios de utilidad para este estudio]. Esta monografía ofrece un estudio jurídico integral de la figura del Delegado de Prevención, a partir de sus orígenes, profundizando en cuestiones clave como su naturaleza y regulación, operatividad práctica, delimitación de funciones con otros representantes (unitarios, sindicales, etc.), así como en los problemas teóricos y prácticos que plantea su ubicación en el centro del sistema preventivo; aportando soluciones a problemas concretos -tanto normativos como convencionales o jurisprudenciales- y perfilando de un modo más conveniente y certero esta importante figura, acomodándola a las nuevas realidades productivas de nuestro país y abriendo un camino decidido en la mejora de las condiciones de trabajo.