El régimen sancionador previsto en la Ley 30/1992, y en el RD 1.395/1993, de 4 de agosto, va a ser suficiente para determinar un sistema tipo, que será bastante para transportarlo a cualquier materia sancionadora, sin tener que buscar diferencias inexistentes o inútiles. El autor analiza los principios del procedimiento sancionador, que son de obligado cumplimiento al venir exigidos no sólo en las leyes ordinarias, sino también en la Constitución: garantía del procedimiento, derechos del presunto responsable, audiencia, etc. La obra va acompañada de los correspondientes formularios y queda avalada con la doctrina y jurisprudencia que se ha considerado de interés. La nueva edición está justificada por las diversas modificaciones legislativas llevadas a cabo, fundamentalmente en materia de tráfico, aunque la más importante es la relativa a la tipificación de determinadas infracciones y sanciones por los entes locales. En cuanto al procedimiento sancionador se ha incidido en esta edición, entre otras cuestiones, en la legitimación de denunciante, la notificación del trámite de audiencia, caducidad del procedimiento. Asimismo era necesario recoger diversos criterios jurisprudenciales que se ha producido con posterioridad a la publicación de la anterior edición relativos al tema que se trata en esta obra