Si la Administración, como instrumento esencial de todo Estado para desarrollar sus políticas, es uno de los elementos más determinantes a la hora de conseguir la justicia para los ciudadanos, evitando que éstos se vean tratados de forma distinta por circunstancias ajenas a las permitidas constitucionalmente; cuando hablamos de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, entramos en la necesidad de financiación de todas las actuaciones que exige el Estado a la Administración como garante del interés general. En este ámbito, estos delitos son, también, verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de financiar las actuaciones asistenciales del Estado. En la actualidad, por desgracia, hemos vuelto a retomar estos temas con fuerza, por las actuaciones de ciertas personas, que olvidan los fines del sistema para enriquecerse a costa de la economía de todos, por eso este tipo de delitos destruyen la confianza de los ciudadanos.