El mobbing en la Administración es una tragedia humana que se permite y se consiente como un medio de neutralizar a empleados que resulten incómodos para el directivo de turno, por diversas razones, unas más confesables que otras. Hablar de mobbing administrativo es hablar de mobbing laboral. Ambos persiguen idénticas finalidades: la destrucción del hombre en su dimensión laboral-intelectual primero y la expulsión, después, del centro de trabajo. Pero las consecuencias no se limitan a la simple relación jurídica que vincula al funcionario con su Administración. Sus efectos tóxicos se trasladan a su ámbito social y sobretodo, al familiar, provocando daño moral y en el mayor número de ocasiones, daño psiquiátrico. Porque en suma se le hipoteca un futuro sin mayor motivo y razón, destruyendo un presente por una persecución extrema, silenciosa. La burocracia mal empleada como sistema de organización, tiende a extremar estas conductas reprobables porque se construye sobre la autoridad y jerarquía, creando situaciones asimétricas de poder: dominación del funcionario directivo sobre el funcionario dominado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario. La falta de Códigos Éticos en nuestras Administraciones Públicas, sea porque no existen, sea porque son testimoniales, no impiden estas actuaciones. Las inercias de poder siempre tienden a proteger al funcionario directivo prescindiendo del subordinado. Junto al miedo, como estrategia gestora, dibujan una Administración insolidaria con los perseguidos...el instinto de conservación impide complicidades que puedan resultar perjudiciales. El aislamiento se erige en compañero diario en esa dura tempestad. En plena efervescencia de los Derechos humanos, de la Ética de Tercera generación, de la Responsabilidad Social Corporativa, el mobbing es un anacronismo que surge de voluntades anquilosadas, impenetrables por las nuevas formas de gestión construidas sobre el capital humano en la organización, fuerza motriz de todo el Sistema.