El Estado español se ha convertido en el país europeo con mayor número de viviendas por mil habitantes, es líder europeo también en kms de autopistas y autovías, y pronto lo será también en líneas de alta velocidad ferroviaria; en España se encuentran también siete de las once mayores constructoras del mundo, el mayor gestor global de autopistas, y las mayores inmobiliarias y operadores turísticos europeos. Una legislación especialmente laxa en cuanto a recalificaciones de terrenos, la ausencia de control sobre los precios finales -promesa de una especulación sin límites- y la entrada masiva de capital extranjero (en gran parte dinero negro), azuzada por una coyuntura internacional favorable, junto con los bajos tipos de interes y la ausencia de viviendas de alquiler o vivienda pública, han favorecido un boom inmobiliario que, cual lengua de lava urbanizadora, amenaza con cubrir una gran parte del territorio peninsular -en especial, y paradójicamente, aquellas zonas con mayores problemas de agua- y destruir nuestras ciudades, engullidas por la expansión y reestructuración metropolitana. La razón de este crecimiento desaforado de la construcción de viviendas (de primera o segunda residencia), oficinas, infraestructuras de transporte o de logística, campos de golf, parques temáticos, centros comerciales, etc., es sin duda los altos beneficios que augura a las constructoras y al capital especulativo; y el efecto riqueza (relativo) y de creación de trabajo (pasajero) que le acompaña. Pero el resultado cierto es una acción devastadora sobre el medio, el creciente endeudamiento de una parte muy importante de la población y una burbuja inmobiliaria que amenaza con explotar en cualquier momento, provocando una recesión sin precedentes que puede convertir el milagro español en una auténtica pesadilla para la mayoría.