Este trabajo se enmarca en una línea de investigación más amplia referida al debate sobre la necesidad de mantener, modificar o derogar los Acuerdos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español. El estudio de los antecedentes de esa norma pacticia, como el de otras leyes, instituciones o debates jurídicos vigentes, exige volver la vista hacia la apasionante y desventurada época de la II República, donde nuestro sistema democrático hunde sus raíces políticas y jurídicas. Por ello, esta monografía analiza las relaciones que mantuvieron los gobiernos republicanos con la Iglesia católica así como sus consecuencias en el ámbito concordatario, legislativo y político. El libro comienza refiriéndose a los contactos entre el Gobierno provisional y las autoridades eclesiásticas, marcados por prejuicios mutuos (1931). Continúa estudiando las relaciones entabladas durante el bienio azañista (1932-1933), que desembocaron en una Carta Magna y una legislación abiertamente anticlerical. En la tercera parte, que abarca los años en los que la CEDA dominó el arco parlamentario (1934-1935), se detiene en los fallidos intentos concordatarios de los gobiernos radicales y en su política legislativa tendente a mitigar o soslayar la normativa laicista del bienio anterior. La obra concluye analizando las relaciones Iglesia-Estado previas y posteriores al triunfo del Frente Popular (1935-1936).