Un serio estudio de la viabilidad de la tutela penal del derecho fundamental a la imparcialidad del Juez, como garantía esencial del juicio justo reconocida en el art. 24.2 de la Constitución Española frente a aquellas conductas que comportan una lesión del mismo y que se producen con ocasión del ejercicio de las libertades de expresión e información a través de los medios de comunicación. Aunque la administración de la justicia, en genral, es legítimo objeto de información puesto que se trata de una actividad pública del Estado, las referencias particulares a procesos que se están desarrollando ante los Tribunales pueden llegar a tener incidencia negativa sobre su eficacia, sus garantías y hasta sobre el resultado final.